Garantizamos la solvencia legal de operaciones de seguridad pública y privada. Gestionamos permisos y cumplimiento normativo eliminando barreras burocráticos, asegurando la continuidad institucional, la protección de activos y la tranquilidad estratégica de su organización.
Identificamos la categoría jurídica precisa para su operación y gestionamos la autorización legal ante la autoridad competente.
Asesoría, consultoría y acompañamiento legal para la conformación de agencias destinadas a prestar servicios de vigilancia profesional.
Acompañamiento legal para la adecuación, gestión y control de servicios internos de seguridad para el resguardo de activos y personal.
Consultoría legal para la conformación y control de agencias especializadas en el esclarecimiento confidencial de hechos de interés particular.
Asesoría legal para la conformación y gestión de grupos organizados de vigilancia vecinal bajo los estándares normativos de prevención.
Asesoría legal para la acreditación individual y cumplimiento de requisitos para el ejercicio profesional de la seguridad autónoma.
Consultoría legal para el control y adecuación de fuerzas internas destinadas al resguardo de sedes de la administración pública.
Acompañamiento legal para la gestión y control de unidades de protección de infraestructuras críticas y servicios estratégicos.
Asesoría y acompañamiento legal para la adecuación de cuerpos de seguridad destinados al resguardo del orden y patrimonio municipal.
La normativa exige permisos no solo a las empresas de seguridad, sino a cualquier entidad que contrate o posea personal armado o de vigilancia.
Entidades privadas con guardias en nómina, transporte de valores o departamentos de seguridad interna. Sujetos obligados a formalización técnica y jurídica.
Ministerios, Autónomas y Alcaldías. Requerimiento legal de registro para unidades de protección institucional y control administrativo de armamento.
Ciudadanos con esquemas de protección personal o comunidades con vigilancia barrial. Obligación de adecuación legal para evitar decomisos y sanciones.
Una preparación adecuada es la clave para evitar rechazos y retrasos en su proceso de legalización.
Saber con exactitud qué categoría de seguridad privada o estatal va a requerir para operar legalmente.
Conocer ante qué autoridad debe presentarse y dónde están ubicadas las instalaciones competentes para el trámite.
Entender qué requisitos exactos debe cumplir su organización y el procedimiento correcto para presentarlos.
Capacidad para responder y corregir cualquier observación realizada por la autoridad en tiempo y forma.
Cuando la autoridad reguladora impone sanciones, multas o amenaza con el cierre de operaciones, actuamos para defender la continuidad de su servicio de seguridad.
Representación legal ante procesos sancionatorios por supuestas faltas detectadas en inspecciones.
Representación legal ante procesos sancionatorios por supuestas faltas detectadas en inspecciones.
Interponemos los recursos legales necesarios para reactivar su servicio lo antes posible.
Interponemos los recursos legales necesarios para reactivar su servicio lo antes posible.
Gestión legal para la devolución de armamento o equipo decomisado por irregularidades administrativas.
Gestión legal para la devolución de armamento o equipo decomisado por irregularidades administrativas una vez subsanadas las observaciones.
El cumplimiento normativo no es un gasto, es un blindaje para su inversión. Operar al margen de la ley pone en riesgo su patrimonio.
Evite cierres sorpresivos por inspecciones policiales. Un permiso vigente garantiza que sus guardias permanezcan en sus puestos.
Mantenga su documentación técnica en orden para prevenir multas onerosas y procesos legales.
Las armas son activos costosos. Sin los permisos de la empresa y las matrículas al día, se arriesga al decomiso definitivo.
Para licitar con el Estado o grandes corporaciones, es requisito indispensable estar autorizado.