Maximice sus oportunidades comerciales y académicas accediendo a datos estratégicos del Estado. Asesoramos a empresas, inversores y profesionales en la obtención de información pública clave para la toma de decisiones, análisis de mercado y desarrollo de proyectos.
Gestión estratégica para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y la defensa de derechos ciudadanos ante las instituciones públicas.
Orientación jurídica sobre información pública u oficiosa. Identificación de entes obligados competentes y análisis de viabilidad de solicitudes.
Redacción técnica para evitar observaciones por imprecisión. Presentación de solicitudes escritas, electrónicas o mediante representante.
Asistencia legal ante prevenciones de la Unidad de Acceso. Reformulación jurídica para cumplir requisitos y evitar denegatorias.
Verificación de cómputo de plazos y silencio administrativo. Requerimientos formales ante retrasos injustificados en la entrega.
Revisión de la motivación legal de las negativas. Detección de deficiencias, falta de fundamentación o aplicación indebida de causales.
Identificación de obligaciones de transparencia incumplidas. Requerimientos legales para la publicación y actualización de información.
Revisión de documentos con supresiones o testados. Verificación de la validez legal de las omisiones para garantizar el derecho de acceso.
Estrategias de solicitudes múltiples para investigaciones. Asistencia en casos de alto impacto y enfoque preventivo ante negativas.
Instituciones y entidades a las que se puede solicitar información pública y auditar el uso de fondos del Estado.
Secretarías de Estado y dependencias del Ejecutivo central.
Asamblea Legislativa, comisiones y juntas directivas.
Corte Suprema de Justicia y sistema de tribunales nacionales.
Todas las carteras de Estado y sus dependencias operativas.
Entidades descentralizadas como ISSS, CEPA, ANDA, CEL, etc.
Gobiernos locales, concejos municipales y sus unidades.
Fiscalía General, Procuraduría General y PDDH.
Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y CNJ.
Red nacional de salud, unidades de salud y Fosalud.
Representaciones del Ejecutivo en los departamentos.
Empresas con participación de capital estatal y privado.
Personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos.
La mayoría de solicitudes fracasan por errores técnicos o de enfoque. Conocerlos es el primer paso para obtener la información.
Solicitar información oficiosa que ya se encuentra en portales de transparencia hace perder tiempo valioso a ambas partes.
Solicitar documentos reservados completos genera negativas; lo correcto es pedir la Versión Pública testando lo sensible.
Esta información se rige por la Ley de Datos Personales y debe tramitarse ante el Delegado de Protección, no el Oficial de Información.
Iniciar apelaciones ante el IAIP sin fundamentación legal adecuada suele resultar en la confirmación de la negativa institucional.
Ejecutamos acciones técnicas en instancias administrativas y judiciales para exigir el cumplimiento de la ley y sancionar infracciones.
Interposición de recursos de apelación en sede administrativa ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por diversas causales legales.
Interposición de recursos de apelación en sede administrativa ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por diversas causales legales.
Inicio de procedimientos sancionatorios contra el Oficial de Información por infracciones graves o muy graves a la Ley de Acceso a la Información.
Inicio de procedimientos sancionatorios contra el Oficial de Información por infracciones graves o muy graves a la Ley de Acceso a la Información.
Representación judicial en sede contencioso administrativo para impugnar resoluciones definitivas que vulneran derecho de acceso emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Representación judicial en sede contencioso administrativo para impugnar resoluciones definitivas que vulneran derecho de acceso emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El acceso a la información pública no es solo un derecho, es una herramienta de inteligencia comercial y académica. Contar con un experto le permite navegar la burocracia para obtener datos clave que impulsan inversiones, investigaciones y proyectos.
Analice el historial de compras públicas para identificar tendencias de precios, competidores adjudicados y demandas insatisfechas del Estado, clave para licitaciones exitosas.
Acceda a datos estadísticos fidedignos, expedientes históricos y documentación oficial para fundamentar tesis de grado, investigaciones científicas o proyectos universitarios.
Identifique oportunidades de negocio basadas en datos reales sobre la ejecución presupuestaria y las necesidades operativas de las instituciones públicas.
Recopilación estratégica de certificaciones, expedientes administrativos y precedentes normativos indispensables para fundamentar casos legales y estrategias de defensa.
Anticipe cambios en el mercado monitoreando actas de juntas directivas y normativas internas de entes reguladores antes de que se hagan públicas masivamente.